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Opinión

Sin equidad de género no hay desarrollo posible

Por Mariana Russak

Es un hecho que en la actualidad las mujeres somos la mitad de la población mundial,  y a pesar de ello somos minoría en todos los ámbitos en los que se toman decisiones de peso y donde se debaten los desafíos actuales: parlamentos, gobiernos, gabinetes, medios de comunicación masivos, empresas, entre otros. Que la mujer se incorpore a estos lugares y trabaje para conseguir empleos en igualdad de condiciones implica transformar el modo en el que hemos pensado el papel de la mujer en la historia. Es un cambio cultural muy profundo que, a mi criterio, ya comenzó y que es irreversible.

Actualmente, de acuerdo a un informe del INDEC de este año, las mujeres tenemos menor participación en los ingresos que los hombres (42,2% contra 57,8%); recibimos salarios que, en promedio, son 27% menores; y estamos más desocupadas (10,2% contra 8,5%).

Por lo pronto, en Argentina en términos políticos electorales, un primer paso en la búsqueda de la igualdad de oportunidades fue la aprobación, en 1991, de la Ley de Cupo (24.012) que estableció que las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales debían contar con un 30 % de candidatas mujeres. Este proceso culminó en la sesión de fines de noviembre, cuando en la madrugada del jueves, y producto de la iniciativa e insistencia de varias diputadas, se logró incorporar el proyecto de Ley de Paridad sobre tablas y forzar el debate que permitió su aprobación (165 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones). Significa que en las elecciones legislativas nacionales del 2019 las listas deberán estar conformadas mitad hombres y mitad mujeres. Frente a esto, si entendemos que el Congreso Nacional debe cumplir el rol de ser interprete y traductor de las demandas sociales de la población, esta decisión puede ser el inicio de una serie de otras que vayan en el mismo sentido. ¿Qué quiero decir? Que conseguir la paridad de género en las listas legislativas nacionales es un paso muy importante, pero que el trabajo no debe agotarse allí. 

De acuerdo a un informe sobre el “Índice   de   Participación  de  las  Mujeres”  (IPM)   realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en el cual relevaron 13.627 puestos de máxima autoridad en la vida social, económica y política en 4.281 instituciones de orden nacional, provincial y municipal en Argentina, de cada 10 puestos relevados, sólo 2 son ocupados por mujeres (es decir, el 15,2%). 

Por otro lado, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de este año en América Latina y el Caribe, la mujer actualmente supera al hombre en materia de logros académicos terciarios y en los últimos 20 años, las mujeres han engrosado las filas de empleos profesionales y cargos directivos de nivel medio y superior. Esos factores indican que el talento femenino es amplio y está bien desarrollado; sin embargo, pocas mujeres en la región han avanzado hasta llegar a ocupar los cargos directivos más altos, tales como directora ejecutiva (CEO) y miembro de la junta directiva. Esta Organización va todavía más allá y afirma que si la participación de la mujer en la vida económica fuera en genuina igualdad con la de los hombres, el PBI mundial ascendería un 26 % para el 2025. Se trata de un número nada despreciable, ¿verdad?

También la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 que promueve Naciones Unidas (ONU) y a la que el Gobierno Argentino ha suscrito, brinda una oportunidad real de impulsar un cambio duradero a favor de los derechos de las mujeres y de la paridad. El objetivo 5.5 de estas estrategias transversales para la incorporación de la perspectiva de género en la Agenda 2030 establece el “velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.”

De acuerdo con lo que señala ONU Mujeres, promover el incremento cuantitativo y cualitativo de la participación y el liderazgo de las mujeres en espacios de toma de decisión, constituye una oportunidad interesante para que la agenda pública incorpore nuevas dimensiones en las políticas públicas que contribuyan a cerrar el círculo de la discriminación y la desigualdad de género.

En esta construcción, estoy convencida de que la responsabilidad social de mujeres y hombres trabajando en conjunto es fundamental. Es esencial el reconocimiento del otro como merecedor de los derechos que también pretendo para mí. Y al mismo tiempo, tener presente que los derechos suponen, asimismo, obligaciones. Solo así podremos construir una sociedad próspera, justa y paritaria.

¿Por qué pienso que es esencial incorporar a los hombres al debate? 

Porque se trata de pensar la elaboración de consensos así como de cambios sociales y culturales en términos de género en una construcción con el otro. Una mirada ampliada de la construcción del espacio de la mujer incorporando a los hombres en el proceso, dándoles la posibilidad de transformarse en voceros y  amplificadores de esta experiencia. 

El marco legal de Argentina acompaña este desafío en la Constitución Nacional, la cual en el art 75, inc. 23, le indica al Congreso de la Nación la necesidad de “promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”. Asimismo,  la Convención para la Erradicación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se incorporó en la Reforma de 1994 con jerarquía constitucional en el marco de los tratados internacionales.

El objetivo fundamental por el que debemos seguir trabajando  las mujeres es el que establece que tengamos las mismas oportunidades en igualdad de condiciones que los hombres;  y en este mismo sentido, que participemos de las mesas de decisión ya sea en los partidos políticos, como en las empresas, los sindicatos y en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Porque sin equidad de género no hay desarrollo posible.

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