Por Daniel Sticco
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A través de la publicación en el Boletín Oficial de los Decretos 561 y 589 el gobierno nacional oficializó el pago de un bono de alivio para los empleados en relación de dependencia del sector privado con salarios imponibles (en bruto) de hasta $60.000 ; y para el conjunto de los trabajadores en el Estado, respectivamente.

Sin embargo, no se trata de una compensación igual para todos los asalariados registrados por los efectos de la fuerte devaluación posterior al resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sobre el promedio de precios de la economía, y consecuentemente de la capacidad de compra de las remuneraciones, sino que se advierten varias diferencias:

1. Bono: Para los estatales se fijó en $5.000; y para los privados en blanco en 4.000 pesos;

2. Pago:  Para los estatales se fijó en una cuota con los haberes de agosto, en el primer día hábil de septiembre; y para los privados en blanco en dos veces de $2.000, con los salarios de agosto y septiembre, que costeará el Estado a través de financiar hasta esos importes el 100% de los aportes personales (el que sea menor) para el Sistema de la Seguridad Social, jubilación;

3. Alcance:  Para los estatales se fijó que el beneficio incluye "al personal comprendido en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto N° 214/06 y sus modificatorios"; mientras que para los del sector privado se estableció un límite: "hasta los $60.000 de salario imponible".

Las causas de la discriminación

Según fuentes oficiales consultadas por Infobae la razón principal por la que se estableció un monto mayor para el bono de los estatales es que mientras en el caso de los privados el valor de la compensación es neta de bolsillo, porque Hacienda absorbe el costo del aporte personal del 11%, en el de los de la administración pública se trata de una "suma fija remunerativa no bonificable por única vez", y por tanto están alcanzados por los aportes personales que el Estado no puede financiar porque es el empleador.

Pero además, se asume en los funcionarios de Hacienda que dada la estrechez de las finanzas públicas "no está previsto una compensación adicional con la reapertura de las paritarias", como se prevé podría ocurrir en el sector privado. "El Presidente le pidió al ministro de Hacienda cuidar a los argentinos, pero también las finanzas públicas". Eso es lo que en las reuniones de "reconocimiento del nuevo escenario" están mirando y consultando los enviados del Fondo Monetario, el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el jefe de la misión Argentina, el italiano Roberto Cardarelli.

Y en los que no se abra esa instancia por el cambio de escenario macroeconómico y de previsiones de inflación más altas que las que se tenían hasta el 9 de agosto, se destaca que actuará el disparador de las cláusulas gatillo con las que cerraron gran parte de los acuerdos de aumentos de salarios en paritarias.

Cabe destacar que a diferencia de la brecha histórica que existía entre el promedio de los salarios de estatales con los del sector privado, del orden de 20%, principalmente por efecto de la mayor estabilidad laboral, actualmente es prácticamente mínima, en ambos casos está en torno a $40.000 brutos por mes.
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