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Opinión

Perdimos 290.000 millones de dólares en una década

Los últimos tres períodos presidenciales, encabezados por el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, se caracterizaron, en economía, por su fervor intervencionista. Tal vez por alguna influencia keynesiana y alguna más heterodoxa todavía, el gobierno consideró desde el primer momento que era su rol domar los “espíritus animales del mercado” y, al mismo tiempo, estimular la economía con políticas fiscales y monetarias expansivas.

El problema con este modelo es que las intervenciones del gobierno en la economía, más allá de sus buenas intenciones, siempre traen consigo consecuencias indeseadas no previstas. Por ejemplo, si el gobierno quiere estimular la economía emitiendo dinero, tarde o temprano se encontrará con la inflación. Frente a la inflación, el intervencionista no verá una falla de su política sino una nueva falla del mercado que hay que solucionar con más intervenciones. Así, el gobierno procederá a imponer controles de precios (a veces llamados acuerdos) o controles a las ganancias empresarias y demás, lo que no solo no resolverá el problema sino que añadirá otros dos: por un lado, aparecerá la escasez, dado que a los precios vigentes la demanda superará la oferta y, por el otro, entrará en crisis el sector privado, puesto que los márgenes de rentabilidad se achicarán al punto de poner en juego su subsistencia.

En contextos como el anterior, se ve claramente que el éxito empresarial ya no depende tanto de la capacidad de los empresarios para poder anticipar y satisfacer las necesidades del consumidor, sino más bien de las decisiones políticas de los funcionarios. Así, es esperable que se resienta una de las variables más fundamentales para el crecimiento sostenible de un país: la inversión.

En nuestro último trabajo de investigación en la Fundación Libertad y Progreso (cuyas cifras fueron actualizadas para este artículo) estimamos cuál fue el verdadero costo de esta década en inversiones que no se hicieron y ahorro argentino que decidió abandonar el país. 

Para calcular el ahorro argentino que decidió buscar destinos más amigables, tomamos las cifras que el Banco Central publica bajo la denominación “formación de activos externos”. Por este concepto se fugaron de la Argentina en términos nominales más de US$ 90.000 millones en el período 2003-2013. 

No obstante, ese no es el costo total de la mala calidad institucional que trajo consigo el kirchnerismo. Para tener una buena medida del mismo, también debe considerarse toda la inversión extranjera directa que podría haber entrado al país pero no lo hizo. Para eso, el cálculo que hicimos fue el siguiente. En primer lugar, calculamos qué porcentaje de la Inversión Extranjera Directa que venía a la región en la década del ’90 tenía como destino final la Argentina. En segundo lugar, calculamos cuánto hubiera venido en la década siguiente si ese porcentaje se mantenía invariante.




























Como se puede apreciar en el gráfico, el porcentaje de IED que llegaba al país en el período anterior a 2003-2013 era muy superior. Ahora bien, si en lugar de recibir solo el 11% del total de la IED que llegaba a la región hubiéramos seguido atrayendo un promedio del 35%, no habríamos recibido inversiones por US$ 75.000 millones (como lo hicimos) sino por US$ 256.000 millones, una considerable diferencia de US$ 180.000 millones. Eso monto constituye las inversiones que dejaron de venir al país y eligieron destinos mejores.


Actualizando la fuga de capitales y la IED que no vino por la inflación de los Estados Unidos llegamos a que, en dólares de 2013, Argentina perdió inversiones por la asombrosa suma de US$ 290.000 millones, un monto que equivale a más del 40% de nuestro PBI, que supera en un 44% nuestra deuda pública y que supera en 10 veces el valor total de nuestras reservas internacionales.
Esta cifra es elocuente de lo mucho que puede costar el discurso anticapitalista y las medidas que buscan suprimir el mercado libre. Cuando el estado avanza, el sector privado se repliega, y en eso se va la inversión, la producción y la mejora de los niveles de vida. Necesitamos que los gobiernos que vengan en el futuro tengan en cuenta los costos del intervencionismo y la necesidad imperiosa de reconstruir la calidad institucional. Solo así podremos tener un sector privado grande y fuerte que genere trabajo sostenible y elimine la pobreza, transformándonos en un país desarrollado y verdaderamente inclusivo.

Columnista