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Opinión

Ahora es el turno del flanco fiscal para sanear la economía

Por Daniel Sticco

El feriado por el Día de la Bandera dejó un claro saldo positivo para la reapertura de los mercados de dinero y bursátil, con  la rubricación por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional del acuerdo anticipado en detalle el jueves de la semana pasada y la aprobación del MSCI del ascenso de la Argentina a una tabla intermedia en el gran mercado de capitales mundial, pero que es muy pequeño localmente.

Esas dos buenas noticias, junto a la batería de medidas que el lunes dispuso el nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, completan un paquete muy positivo y necesario para el mundo de las finanzas –que comenzó a responder anticipadamente, como es su característica– pero que no es suficiente para cambiar en mucho, y con rapidez, el cuadro que afecta a la mayor parte de la economía real: empresas, trabajadores, desempleados, jubilados y pensionados y perceptores de planes sociales.

Ahora habrá que honrar los compromisos asumidos, como también el ascenso de mercado fronterizo a emergente. Eso requiere intensificar las acciones en el plano fiscal, no solo con anuncios, sino con hechos concretos que contribuyan a aliviar las cargas al sector privado, con la tendencia a la eliminación de gastos improductivos para reducir al mínimo el déficit fiscal y luego la carga tributaria sobre los contribuyentes directos e indirectos.

Una larga historia que exige dejar atrás

La economía argentina no logra romper el maleficio de vivir con alta inflación, y consecuentemente estancamiento y lamentables índices de pobreza, porque casi siempre se intenta revertir el proceso con el cambio de funcionarios y la búsqueda de atajos que no tienen sustentabilidad.


La historia repetida de "los últimos 70 años", como tardíamente descubrieron algunos funcionarios del Gobierno, se origina, en primer lugar en la resistencia de la dirigencia política de asumir el costo de aprobar presupuestos con equilibrio entre ingresos y gastos totales, no solo en el orden nacional, sino también provincial; mientras mantiene una alta vocación por impulsar la creación de impuestos; y en segundo lugar, en la "cultura del atajo", con paliativos que mejoran transitoriamente el presente pero que que recurrentemente hipotecan el futuro.

Esa historia prendió fuerte en gran parte de la sociedad argentina, al punto que, sin ir muy lejos, basta con detenerse en la conferencia que Hugo Moyano dio el último martes para justificar el "acuerdo" que Camioneros dice que firmó con los empresarios del transporte de un aumento de salarios del 25% y que el Ministerio de Trabajo se resiste a homologar. Allí, el líder de la CGT le cuestionó al Gobierno porque eliminó y bajó las retenciones a las mineras y a los exportadores de soja.

La presunción del camionero, que también ronda en la mente de algunos funcionarios del Gobierno, no solo del ala política, sino también de Hacienda, es que "la reducción del déficit fiscal debe lograrse por la vía del aumento de los ingresos tributarios, más que en el recorte del exceso de gasto público, que consideran inflexible a la baja por la realidad social que ha llevado a que concentre más de dos tercios de las erogaciones del fisco".


Es cierto que con el gobierno de Cambiemos el foco se ha puesto en que el aumento de los recursos se sustenten en el crecimiento de la actividad agregada y no tanto en la creación de impuestos, aunque no pudieron resistir la tentación de acordar con la oposición que se votara el Impuesto a la Renta Financiera, más allá de que pueda considerarse una medida de equidad tributaria, dado que se gravan los alimentos y también los medicamentos, pese a que no era el momento.

Mientras que desde gran parte de la oposición y del sindicalismo se alienta la vuelta de las retenciones a la soja y a las mineras; así como controlar los precios y las importaciones; y bajar las tasas de interés, para impulsar la producción y el consumo. Claro, se alienta a que mejoren unos en detrimento de otros. El resultado neto siempre ha sido negativo, por sus efectos sobre las expectativas.

Pero en ambos casos se elude la preocupación e insistencia en consultar a los expertos, que los hay, en analizar el Presupuesto para encontrar la singular fuga de recursos que se extraen de los 45 millones de residentes hacia trabajadores registrados en el sector público que mantienen un índice de ausentismo que triplica al que se observa en el sector privado; como hacia funciones que se repiten entre las jurisdicciones del Estado; así como  asistencias sociales viciadas de clientelismo que se arrastran desde hace 10, 20 o incluso 70 años; además de enormes excesos de gastos en diversas áreas, y rentas financieras extraordinarias que se pagan, producto de políticas de regulación monetaria, mientras se advierten claras carencias en el sistema de seguridad pública y de fronteras; en la asistencia de la salud, e infraestructura básica tanto para las necesidades mínimas de la sociedad, como del sector  productivo y comercial.

Cambio de foco

Sin embargo, de eso no solo se habla poco, sino que muchas veces se actúa en sentido contrario, como ocurrió en las últimas semanas cuando frente a un anuncio de recorte del gasto en un año en $20.000 millones se contrapuso un decreto firmado por el pleno de ministros que lo elevó en más de $80.000 millones.

Por el contrario, frente a la aparición de una crisis cambiaria que se  propagó por casi dos meses, se intentó justificar, en la página 3 del Adjunto I del Memorandum de Políticas Económicas y Financieras firmado con el FMI, en factores externos, como "consecuencia de una desafortunada confluencia de factores: una severa sequía condujo a una fuerte caída en la producción agrícola y en los ingresos por exportación; el precio mundial de la energía aumentó; y las condiciones financieras globales se endurecieron con la apreciación del dólar estadounidense y el desplazamiento hacia arriba de la curva de rendimientos de los bonos de EEUU", las cuales, una vez más, no gravitaron en el resto de las economías del planeta.

Esa negación de la realidad fiscal, que volvió a quedar de manifiesto en la última reunión de coordinación de los ministros del área económica, explica que se buscara nuevamente el atajo a través de la expulsión de una autoridad que se pregona que es "autónoma", como el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, al quien se culpó, implícitamente, por la sangría de las reservas en divisas, la fuerte suba de las tasas de interés que llevó a la recesión y la escalada del tipo de cambio que hizo que virtualmente se duplicara la meta de inflación que había sido recalibrada menos de seis meses antes.

Pero en la primera semana de gestión de la nueva autoridad monetaria, Luis Caputo, antes de la llegada del primer tramo de fondos del Fondo Monetario de USD 15.000 millones que contribuirán a recuperar el nivel de los activos externos del BCRA, se mantuvo la paridad cambiaria en el valor que lo había dejado Sturzenegger; $28,46, pese a que dispuso una batería de medidas cambiarias y monetarias simultáneas como hacía décadas que no se veía; la tasa de las Lebac se elevó del 40% al 47% anual; y se sacrificaron otros USD 1.000 millones de reservas, de las cuales apenas USD 200 millones se explicó por pagos de vencimientos con organismos internacionales.


Objetivo inflacionario incumplible en corto plazo

Claramente, semejante escenario derivó en un notable freno del ritmo de reactivación de la economía, tras siete trimestres consecutivos respecto de los tres meses precedentes y cinco en el cotejo interanual que informó el Indec, con datos hasta marzo último.

Sin embargo, luego del salto del tipo de cambio del 39% en los últimos dos meses, se estima que se aceleró la tasa de inflación, como el propio equipo económico explicitó en la página 18 del MEMO que el Directorio del FMI finalmente firmó ayer, donde ya resignó el objetivo del 15% y lo estiró al 27% interanual entre junio y diciembre próximos. En el caso de mayo se manifestó solo en la tasa interanual, de 25,4% a 26,3%, porque en la mensual se atenuó del 2,7% de abril a 2,1% por efecto de la repentina recesión.

Para junio se espera que nuevamente "el frío del consumo" posibilite mantener contenido el traslado de la devaluación a los precios de los bienes y servicios que más demandan las familias. Pero ningún pronóstico se atreve a ubicar por debajo del 2% la tasa de inflación del corriente, que es lo que se requiere para no incumplir con el primer objetivo comprometido con el FMI, como "criterio cuantitativo" de no superar la tasa interanual del 27 por ciento.

No solo eso, para honrar esa nueva meta el ritmo de suba de los precios al consumidor deberá descender a 1,4% agosto y sostenerse en ese rango hasta noviembre, pese a que hay pautados aumentos en los precios de la energía, el gas y combustibles, más la estacionalidad de la carne en el invierno, y de la ropa entre septiembre  y octubre; entre otros.

Mientras el desvío de la nueva meta de tasa interanual de inflación no supere los dos puntos porcentuales, es decir que la tasa mensual no exceda del 3,5% en junio, y del 1,7% en los meses siguientes, con una tolerancia estacional de hasta 3% en diciembre, el acuerdo con el FMI no correrá peligro de caerse por esa variable, porque sólo exigirá explicar las causas del exceso con los técnicos del organismo. Pero, si el incumplimiento fuera de más de 2 puntos, hasta 5, vinculados con factores "externos", el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central deberán dar cuentas ante el directorio de Fondo.

De ahí la relevancia de profundizar las medidas fiscales, de recorte del gasto público improductivo  y en vicios del Estado, más que en obra públicas, y contemplar el efecto esperado de desaceleración del crecimiento de los recursos tributarios, en tanto ya no contará Hacienda con adelantos del Banco Central y sus ganancias contables, como también de la Anses, que posibilitaron en los primeros cinco meses de 2018  un aumento de los ingresos de ese origen en más del 80 por ciento.

Solo así la meta inflacionaria fijada en el Memo con el FMI podrá honrarse por primera vez en el gobierno de Cambiemos; y se podrá avanzar al mismo tiempo en el camino de la reconstrucción de la confianza para que la actividad vuelva a la senda expansiva en corto plazo, traccionada por la inversión y el consumo privados, condiciones esenciales para generar empleos y bajar la pobreza.

El Indec ha estimado que la economía acumuló hasta marzo último siete trimestres de crecimiento ininterrumpido y cinco en relación a igual período del año previo, pero algo ha fallado en los vasos comunicantes de la economía, porque simultáneamente en ese período han crecido exponencialmente los planes asistenciales, en particular con contrapartida laboral, como es el Monotributo Social. Claramente, a nivel nacional, las responsabilidades de ese escenario corresponden tanto al gobierno central, como al conjunto de Estados provinciales y municipales.

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Columnista